Pero en este escenario existen nuevos protagonistas que se sumarían al menú de dicha medida fiscal impulsada por el gobierno la cual pretende captar más fondos para sus arcas: se tratan de las bebidas no carbonatadas y los cigarrillos.
"Lo que estamos haciendo es una revisión y hacer y una propuesta de manera que sea más justa acorde a las necesidades en todos los impuestos. Las bebidas y los cigarrillos forman parte y la ministra de Salud se los puede decir es una de las causas más grandes en materia de gasto social", afirmó Cáceres.
Además de evaluar este incremento, el funcionario ventiló aplicar esta medida a los productos no carbonatados que hasta la fecha no habían pagado tributo. "Es justo que paguen todas", sintetizó.
Es más comparó esta situación con los representantes de bancos internacionales que "prestan dinero aquí pero no pagan impuesto sobre la renta".
Entre tanto, el secretario técnico de la Presidencia, Álex Segovia, visualiza el impacto que esta medida generaría en las bolsas del Estado.
"Si la gente y las empresas pagaran los impuestos que deben de pagar el Estado tendría suficientes recursos, pero la gente no paga lo que debe de pagar. Lo que la reforma busca es que la gente cumpla con la ley, si todos cumpliéramos con la ley, el Estado tendría suficientes recursos para todas las necesidades", argumentó Segovia.
Sector espera más información Mientras el gobierno aún ventila aumentar la tasa de impuestos a las bebidas, el presidente de Industrias La Constancia (ILC), Martin Van Dam, afirmó recientemente que el sector se encuentra a la expectativa por la tasa de impuestos que paga la industria cervecera y la licorera, así como por los cambios fiscales que el gobierno realizará. "Sí hemos tenido oportunidad de conversar con el gobierno y han entendido nuestro punto de vista, en ese sentido estamos contentos por ello. Pero estamos con expectativa pero con poca información", afirmó Van Dam al tiempo que reconoció cómo las autoridades están trabajando por la reforma fiscal.
Sin embargo dijo que como sector no han conocido el contenido de la propuesta de la reforma, pero más allá de ello, Van Dam espera que "el trato sea equitativo para todos".
Además el presidente de ILC recordó dos medidas que fueron impulsadas por el gobierno anterior y que son dos ejes que actualmente predominan en el debate.
"En la primera reforma de 2005, el gobierno hizo una cosa muy buena y otra que no entendemos. Lo bueno fue haber definido que las bebidas alcohólicas paguen impuesto sobre el contenido alcohólico y tiene todo el sentido del mundo porque el consumo nocivo es lo que causa un daño a la sociedad. Pero lo que no entendemos es que pusieron una tasa más alta a la cerveza", explicó.
Así, Van Dam mencionó que la cerveza paga 8.25 centavos por grado alcohólico por litro, mientras que el aguardiente cancela 1.5 centavos. "Entonces me pregunto, ¿Cuál es la diferencia de un grado de alcohol de la cerveza comparado con el aguardiente? Debe de tener la misma tasa, entonces sí sentimos que nuestra posición es justa si lo vemos en una opinión de salud pública", añadió.
El pleito de los impuestos no es nuevo. La Constancia inició hace más de un año acciones de cabildeo con las autoridades para promover una revisión del actual sistema de tributación de los alcoholes, establecido en 2004 para financiar el programa de salud creado por el ex presidente Elías Antonio Saca.
La lógica de los cerveceros es que si se trata de un impuesto que grava los efectos negativos de una sustancia (en este caso el alcohol), se debería establecer una tasa única por grado que después se multiplique por el número de grados de alcohol de cada bebida. De esta forma, aducen, las bebidas con más gradación pagan más.
En esta lógica, la cerveza pagaría menos por tener menos grados de alcohol. Pero los licoreros, al pedir que se ponga impuestos al valor de venta buscan que la cerveza pague más porque vende más. En pocas palabras, el pleito es para afectar al adversario.
Esto es lo que opina José Mayorga, representante de los licoreros, quien dice que detrás de las intenciones de los cerveceros está el deseo de acabarse al sector del aguardiente nacional. "Lo que buscan es que la gente se pase a cerveza. Eso quebraría la industria de los licores nacionales", reitera.
Y se basa en que la propuesta cervecera haría que, por ejemplo, una caja de botellas de aguardiente deje de pagar los $5.40 de impuestos y pase a pagar $29.70. "En esa propuesta, la cerveza no tendría variación en lo que paga", agrega.
Eso haría –arremete– que el costo del licor nacional sea tan alto que resultaría impagable por los clientes que lo consumen, "de escasos recursos".
En esa misma iniciativa, sin embargo, el whisky importado saldría beneficiado, porque ya no pagaría $54 de impuestos por caja sino $29.70
"Esto abriría una puerta al contrabando", remite Mayorga, "proliferarían las fábricas clandestinas y se perderían unos 6 mil empleos directos e indirectos". Esto aparte del fortalecimiento de la posición dominante del mercado, según se indica en el documento que presentan los licoreros.
Otras propuestasEn esta lucha por el mercado etílico, Mayorga y compañía tienen otras iniciativas que pasan por exigir licencia a todos los puntos de venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Esta propuesta tiene como objetivo directo afectar a la industria cervecera en vista de que esta bebida se puede vender libre de permisos (en cualquier lugar) según el artículo 32 de la ley reguladora de la producción y comercialización del alcohol y de las bebidas alcohólicas.
Los licoreros estiman que en el país hay hasta 35,000 puntos de venta de cerveza. "Esto, comercialmente, es una ventaja enorme frente a los competidores", enfatiza Mayorga. Y argumenta que establecer esa licencia obligatoria también supondría una jugosa recaudación para las alcaldías.
Además, ASDYL insiste en que hay otras formas de promover el consumo moderado de alcohol que no pasan por duplicar los impuestos de sus productos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3969060
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